La deuda estatal, el ‘desastre’ sexenal
Vanguardia
“Es importante destacar la continua falta de claridad con la que se manejó la administración estatal en sus políticas y prácticas en los temas de endeudamiento y su registro contable; así como la falta de transparencia en la información relacionada con la deuda pública”.
El juicio es contundente y despeja cualquier duda que aún quedara respecto de una de las aseveraciones que más se repitieron, a lo largo del presente sexenio, en los corrillos políticos: esta administración se ha caracterizado, sobre todo, por el desorden en el manejo de las finanzas públicas.
Y la afirmación vale porque no la hace un adversario político, no la hace un “enemigo” que sólo busca “dañar la imagen” del Gobierno del Estado con el propósito de “llevar agua a su molino”. El señalamiento lo hace la calificadora Fitch Ratings al justificar la baja en la calificación de la calidad crediticia de Coahuila dada a conocer ayer.
Vale también porque no fue Fitch Ratings la única empresa que modificó a la baja la calificación crediticia de Coahuila, sino que su juicio coincide con el de Standard & Poor’s, calificadora que emitió juicios similares al citado líneas arriba.
“...La baja en la calificación incorpora nuestra opinión sobre la débil política de transparencia que ha mantenido el estado, reflejada en la difusión parcial e inconsistente de información financiera en los últimos meses”, señaló ayer la firma citada.
Para decirlo en términos puntuales, de lo que ambas calificadoras acusan al Gobierno de Coahuila es de mentir, de ocultar las cifras sobre el endeudamiento y de proporcionarles información incompleta.
En otras palabras, de lo que se acusa a la administración estatal es de uno de los principales secretos a voces que han recorrido la entidad casi desde el inicio de la administración estatal: de actuar de forma irresponsable en materia de deuda pública.
Hace unos días, el gobernador sustituto Jorge Torres López, quien es responsable de la contratación de buena parte de la deuda hoy objeto de controversia, pidió que no se “satanice” a la entidad con el tema de la deuda asegurando que su contratación y ejercicio constituyen un beneficio para la entidad.
Los señalamientos de las calificadoras Fitch Ratings y Standard & Poor’s constituyen la peor respuesta que el ahora titular del Ejecutivo podría haber obtenido a su petición pues, más allá de cualquier consideración de carácter político, hoy está claro que su gobierno ha actuado con desapego a las normas elementales de la función pública.
Muy lejos pues, de la aspiración de Torres López, el asunto ha quedado “satanizado” y dicho estatus solamente se revertirá haciendo exactamente lo contrario a lo realizado hasta ahora, es decir, abandonando la opacidad.
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